A propósito de la operación Alfa Carbón.

Esta columna fue enviada a la Revista por Oscar Mendoza Uriarte, Antropólogo de Valdivia, militante del MIR en la época de la operación Alfa Carbón.

 Este 23 y 24 de agosto se cumplen 37 años de la siniestra operación diseñada por la dictadura cívico – militar y ejecutada por los organismos de represión del Estado, y que tuvo como consecuencia el asesinato de militantes del MIR en el sur chileno. En  Valdivia  fueron  ejecutados  Rogelio  Tapia  de  la  Puente  y  Raúl  Barrientos Matamala, el 23 de agosto de 1984, donde hoy se yergue el Memorial de Estancilla. El día siguiente fue ejecutado Juan Boncompte Andreu, en una vivienda de la calle Rubén Darío, cerca de La Mano, memorial que lo recuerda. Hace unos pocos años, y después de una larga lucha de sus familiares y compañeros, un tribunal dicta una sentencia, con penas muy benignas para los atroces crímenes de lesa humanidad cometidos, y que además todavía no puede ser ejecutada. En definitiva, se trata, una vez más de impunidad.

 Pero  esos  crímenes  no  son  los  únicos.  Esta  región  está  regada  con  sangre  de hombres  y  mujeres  ejecutados  por  luchar  por  sus  derechos,  sus  territorios  y  un mejor vivir.  Todavía existen “detenidos desaparecidos”. Y pareciera que nadie del Estado  los  continúa  buscando  y  sus  victimarios  han muerto  impunes,  o todavía circulan  entre  nosotros,  e  incluso  podrían  seguir  siendo  funcionarios  públicos  o recibir  cuantiosas pensiones estatales.  A lo anterior deben agregarse acciones tales como las privatizaciones  fraudulentas de empresas estatales y las injusticias de la contrarreforma agraria.

 El año 2017 falleció Agustín Edwards  Eastman, dueño de El Mercurio y una cadena de  medios  regionales,  con  nexos  con  la  CIA  norteamericana  para  derrocar  al Presidente Allende, con fundos en Futrono, expulsado del Colegio de Periodistas.

Un libro pronto a ser publicado  revela los resultados de una investigación de un profesor  de  la  Universidad  de  Brown,  Boris  Rotman,  titulado  “Cómo  defraudar impunemente y a plena vista 27 mil millones de dólares”, que muestra la forma en que  la  familia  Edwards  construyó  su  riqueza,  a  partir  de  la  apropiación  de  una herencia  que  debía  beneficiar  a  la  Universidad  Técnica  Federico  Santa  María. Seguramente con esos dineros mal habidos, y otras prácticas,  la familia  se hizo, entre otras propiedades y bienes,  de los fundos de Futrono, y de la isla Illeifa, que

corresponde al Título de Merced N°2.642, de 1914, originalmente de Ignacio Mencu, en medio del Lago Ranco. Al parecer Mencu, un humilde comunero mapuche, le habría vendido la isla a un tal Rettig, y éste a Edwards, quien, tal vez, habría obrado pensando que la compra le aseguraba 100 años de perdón.

 En días recientes, el Ministerio de Bienes Nacionales ha anunciado que licitará 11 inmuebles  en  la  región,  en  las  comunas de  Máfil,  Corral,  Paillaco,  Valdivia  y  La Unión, entre los que se incluye la concesión del Bien Nacional Protegido Fundo Llancahue, de 1.277 hectáreas, que además de ser un espacio de protección de flora y fauna silvestre, aporta el 70% del agua que se consume en la ciudad   de Valdivia. De los fondos que debieran obtenerse por esas licitaciones, el 65% va al

Gobierno  Regional.  Es  de  esperar  que  no  los  utilicen  en  la  construcción  de infraestructura que debe financiar el Gobierno central, como ocurrió con el nuevo cuartel de la PDI en Valdivia, que además fue construido sobre  un humedal en un contexto en que muchos habitantes de la región no tienen acceso al agua potable, al  trabajo  y  a  otros  derechos  básicos.  Para  qué  decir  la  cantidad  de  inmuebles fiscales  que  sirven  de  viviendas  gratuitas  a  militares,  carabineros  u  otros funcionarios públicos, sabiéndose la cruda realidad  de falta de vivienda que afecta

a las familias populares de la región.

 Los  familiares  de  los  fusilados,  torturados,  encarcelados,  desplazados  de  sus territorios -como las familias de los trabajadores de lo que fue el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, condenados al exilio, a la pobreza, a la tristeza, así como las propias víctimas sobrevivientes, han continuado luchando, a pesar del abandono y el desprecio de las autoridades  y partidos políticos  que se dicen democráticos.

Otros han muerto en el camino, pero sus descendientes y nuevas generaciones han retomado  sus  banderas.  Y  muchos  de  ellos  participaron  en  las  movilizaciones populares de Octubre de 2019, junto a otros y otras que dijeron basta a la fiesta neoliberal. El Estado, como siempre, vuelve a matar, a reprimir, torturar, mutilar, encarcelar… ¿y qué informan hoy las autoridades sobre las víctimas, encarcelados, mutilados, de estos últimos años?  ¿Cuántos continúan  encarcelados? ¿Cuántos han sido torturados? Poco se sabe.

 Por  otro  lado,  el  Delegado  Presidencial  Regional,  figura  que  obedece  a  la colonialidad del poder, en tanto es designado por el sector burgués de turno en el Gobierno, y que estos últimos días parece concentrarse en los pronósticos de lluvia y vientos en la región, se ha parapetado en lo más alto del edificio regional frente a la  Plaza  de  la  República. En  cambio,  el  recién  asumido  Gobernador  Regional, surgido de  la soberanía popular, ha debido recluirse al otro lado del río, en la isla Teja,  en  la  vieja  casona  que  aloja  al  Consejo  Regional.

Esto,  y  mucho  más,  son consecuencia de lo que el bloque en el poder llama “descentralización”, que en el fondo son medidas cosméticas para que creamos que las decisiones se toman en la región, pero igual se siguen tomando en el centro colonial, Santiago.  Pero si de verdad se quiere que  las decisiones  radiquen  en las regiones y en las comunas, debe hablarse en serio de la posibilidad de establecer un Estado federal, tema que incluso  ya fue debatido en los inicios de la República de Chile.

En Valdivia, en el año  1827,  Juan  Agüero  escribía:  “los  habitantes  de  nuestra  provincia  creen  por convencimiento que sólo el sistema federal es el que hará feliz a Chile; saben que sin él poco vale la libertad del ciudadano”, y ese mismo año se inicia la publicación del periódico “El Valdiviano Federal”, que promovía el federalismo.

Sin embargo,  la aspiración federal, así como  la democratización del Estado y la sociedad, fue desde los inicios de este país resistida y negada por la oligarquía, dando  así  continuidad  a  la  colonialidad  del  poder  instalada  por  los  invasores españoles del territorio habitado originalmente por los pueblos indígenas o primeras naciones,  en la etapa mercantil de la expansión capitalista verificada a partir del etnocidio llamado «descubrimiento de América».

 Temas  como  estos,  y  otros,  debieran  ser  abordados  por  la  Convención Constitucional,  y  plasmados  en  la  nueva  Constitución  Política,  y  asumidos  por quienes se postulen en los próximos procesos eleccionarios como representantes de  los  diversos  pueblos  de  Chile  y  los  sectores  históricamente  explotados  y oprimidos  de esta región, para avanzar en la profundización democrática y en la erradicación definitiva de las prácticas colonialistas del poder.