
«A propósito de la operación de Alfa Carbón en Valdivia» por Oscar Mendoza Uriarte
A propósito de la operación Alfa Carbón.
Esta columna fue enviada a la Revista por Oscar Mendoza Uriarte, Antropólogo de Valdivia, militante del MIR en la época de la operación Alfa Carbón.
Este 23 y 24 de agosto se cumplen 37 años de la siniestra operación diseñada por la dictadura cívico – militar y ejecutada por los organismos de represión del Estado, y que tuvo como consecuencia el asesinato de militantes del MIR en el sur chileno. En Valdivia fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala, el 23 de agosto de 1984, donde hoy se yergue el Memorial de Estancilla. El día siguiente fue ejecutado Juan Boncompte Andreu, en una vivienda de la calle Rubén Darío, cerca de La Mano, memorial que lo recuerda. Hace unos pocos años, y después de una larga lucha de sus familiares y compañeros, un tribunal dicta una sentencia, con penas muy benignas para los atroces crímenes de lesa humanidad cometidos, y que además todavía no puede ser ejecutada. En definitiva, se trata, una vez más de impunidad.
Pero esos crímenes no son los únicos. Esta región está regada con sangre de hombres y mujeres ejecutados por luchar por sus derechos, sus territorios y un mejor vivir. Todavía existen “detenidos desaparecidos”. Y pareciera que nadie del Estado los continúa buscando y sus victimarios han muerto impunes, o todavía circulan entre nosotros, e incluso podrían seguir siendo funcionarios públicos o recibir cuantiosas pensiones estatales. A lo anterior deben agregarse acciones tales como las privatizaciones fraudulentas de empresas estatales y las injusticias de la contrarreforma agraria.
El año 2017 falleció Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio y una cadena de medios regionales, con nexos con la CIA norteamericana para derrocar al Presidente Allende, con fundos en Futrono, expulsado del Colegio de Periodistas.
Un libro pronto a ser publicado revela los resultados de una investigación de un profesor de la Universidad de Brown, Boris Rotman, titulado “Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27 mil millones de dólares”, que muestra la forma en que la familia Edwards construyó su riqueza, a partir de la apropiación de una herencia que debía beneficiar a la Universidad Técnica Federico Santa María. Seguramente con esos dineros mal habidos, y otras prácticas, la familia se hizo, entre otras propiedades y bienes, de los fundos de Futrono, y de la isla Illeifa, que
corresponde al Título de Merced N°2.642, de 1914, originalmente de Ignacio Mencu, en medio del Lago Ranco. Al parecer Mencu, un humilde comunero mapuche, le habría vendido la isla a un tal Rettig, y éste a Edwards, quien, tal vez, habría obrado pensando que la compra le aseguraba 100 años de perdón.
En días recientes, el Ministerio de Bienes Nacionales ha anunciado que licitará 11 inmuebles en la región, en las comunas de Máfil, Corral, Paillaco, Valdivia y La Unión, entre los que se incluye la concesión del Bien Nacional Protegido Fundo Llancahue, de 1.277 hectáreas, que además de ser un espacio de protección de flora y fauna silvestre, aporta el 70% del agua que se consume en la ciudad de Valdivia. De los fondos que debieran obtenerse por esas licitaciones, el 65% va al
Gobierno Regional. Es de esperar que no los utilicen en la construcción de infraestructura que debe financiar el Gobierno central, como ocurrió con el nuevo cuartel de la PDI en Valdivia, que además fue construido sobre un humedal en un contexto en que muchos habitantes de la región no tienen acceso al agua potable, al trabajo y a otros derechos básicos. Para qué decir la cantidad de inmuebles fiscales que sirven de viviendas gratuitas a militares, carabineros u otros funcionarios públicos, sabiéndose la cruda realidad de falta de vivienda que afecta
a las familias populares de la región.
Los familiares de los fusilados, torturados, encarcelados, desplazados de sus territorios -como las familias de los trabajadores de lo que fue el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, condenados al exilio, a la pobreza, a la tristeza, así como las propias víctimas sobrevivientes, han continuado luchando, a pesar del abandono y el desprecio de las autoridades y partidos políticos que se dicen democráticos.
Otros han muerto en el camino, pero sus descendientes y nuevas generaciones han retomado sus banderas. Y muchos de ellos participaron en las movilizaciones populares de Octubre de 2019, junto a otros y otras que dijeron basta a la fiesta neoliberal. El Estado, como siempre, vuelve a matar, a reprimir, torturar, mutilar, encarcelar… ¿y qué informan hoy las autoridades sobre las víctimas, encarcelados, mutilados, de estos últimos años? ¿Cuántos continúan encarcelados? ¿Cuántos han sido torturados? Poco se sabe.
Por otro lado, el Delegado Presidencial Regional, figura que obedece a la colonialidad del poder, en tanto es designado por el sector burgués de turno en el Gobierno, y que estos últimos días parece concentrarse en los pronósticos de lluvia y vientos en la región, se ha parapetado en lo más alto del edificio regional frente a la Plaza de la República. En cambio, el recién asumido Gobernador Regional, surgido de la soberanía popular, ha debido recluirse al otro lado del río, en la isla Teja, en la vieja casona que aloja al Consejo Regional.
Esto, y mucho más, son consecuencia de lo que el bloque en el poder llama “descentralización”, que en el fondo son medidas cosméticas para que creamos que las decisiones se toman en la región, pero igual se siguen tomando en el centro colonial, Santiago. Pero si de verdad se quiere que las decisiones radiquen en las regiones y en las comunas, debe hablarse en serio de la posibilidad de establecer un Estado federal, tema que incluso ya fue debatido en los inicios de la República de Chile.
En Valdivia, en el año 1827, Juan Agüero escribía: “los habitantes de nuestra provincia creen por convencimiento que sólo el sistema federal es el que hará feliz a Chile; saben que sin él poco vale la libertad del ciudadano”, y ese mismo año se inicia la publicación del periódico “El Valdiviano Federal”, que promovía el federalismo.
Sin embargo, la aspiración federal, así como la democratización del Estado y la sociedad, fue desde los inicios de este país resistida y negada por la oligarquía, dando así continuidad a la colonialidad del poder instalada por los invasores españoles del territorio habitado originalmente por los pueblos indígenas o primeras naciones, en la etapa mercantil de la expansión capitalista verificada a partir del etnocidio llamado «descubrimiento de América».
Temas como estos, y otros, debieran ser abordados por la Convención Constitucional, y plasmados en la nueva Constitución Política, y asumidos por quienes se postulen en los próximos procesos eleccionarios como representantes de los diversos pueblos de Chile y los sectores históricamente explotados y oprimidos de esta región, para avanzar en la profundización democrática y en la erradicación definitiva de las prácticas colonialistas del poder.