Por: Revista De Frente

La reciente información publicada por Clarín sobre la comparecencia de Armando Fernández Larios ante un tribunal migratorio en Estados Unidos no es un simple trámite administrativo. Es la reaparición pública de uno de los nombres más oscuros asociados al aparato represivo de la dictadura chilena.

Fernández Larios fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estructura central del terrorismo de Estado bajo el régimen de Augusto Pinochet. Su trayectoria judicial está marcada por causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington en 1976, crimen que evidenció el carácter transnacional de la represión. También se le vincula a la llamada Caravana de la Muerte y a otros episodios represivos posteriores al golpe de 1973.

El proceso que hoy se abre en Miami no es penal, sino migratorio. Fernández Larios fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece recluido en el centro Krome bajo la categoría de persona en situación migratoria irregular. El punto central es si Estados Unidos optará por su deportación. Esa decisión podría derivar en su retorno a Chile, donde la justicia mantiene abiertas causas en su contra y existen solicitudes de extradición cursadas por la Corte Suprema.

El dato clave es político y jurídico: durante casi cuatro décadas vivió en territorio estadounidense. Esa permanencia prolongada expone una tensión incómoda en materia de justicia transnacional. Estados Unidos juzgó su participación en el caso Letelier, pero no facilitó su comparecencia ante tribunales chilenos por otros crímenes. La detención actual reabre esa discusión.

Organizaciones como la AFEP han señalado que la deportación podría ser una vía más rápida que la extradición tradicional. No es un detalle menor: los procesos de extradición por crímenes de lesa humanidad suelen extenderse por años, entre recursos y apelaciones. En cambio, una expulsión administrativa podría acelerar el retorno.

Aquí el punto es claro: la justicia tardía no es justicia plena, pero la impunidad permanente es una negación histórica. El caso Fernández Larios no es solo la historia de un exagente. Es un espejo incómodo sobre la cooperación internacional en materia de derechos humanos y sobre la persistencia de redes de protección política y jurídica que permitieron que responsables de crímenes graves permanecieran décadas fuera del alcance de tribunales nacionales.

El proceso recién comienza y podría dilatarse. Pero su simbolismo es potente: incluso después de cuarenta años, las causas de lesa humanidad siguen atravesando fronteras. La historia no prescribe tan fácilmente

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