Empezó el primer momento decisivo de la convención constitucional: las comisiones aprueban propuestas temáticas de redacción que luego serán discutidas en el pleno. E inmeditamente, un coro, que va desde el gran empresariado a la ex concertación, alzó la voz hablando de irresponsabilidad, decisiones estrafalarias, graves y radicales, barbarie, propuestas naftalínicas (sic), presagiando de fracasos y fuego, e invitando, por qué no, a pensar en un Plan B.

Por nombrar a algunos: Lucas Palacio (Ministro de Economía), Richard von Appen (SOFOFA), Diego Hernández (SONAMI), Juan Manuel Mena (ABIF), Cristian Allendes (SNA), Bernardo Fontaine (economista de derecha), Natalia Piergentili (PPD), Ignacio Walker (DC), Tomás Mosciatti (radio bío-bío) y Patricio Navia. Al interior de la convención oscuros personajes como Felipe Harboe (PPD) y Patricio Fernández (ind-PL) hicieron eco de estas críticas.

No es coincidencia, ni tampoco es algo planificado. Es más sencillo: están tocando los intereses que defienden. Ante tales circunstancias el mensaje es claro y lo sintetiza muy bien la presidenta del PPD en dos frases: “La Constitución no es el espacio para refundar la Patria” y “El rechazo pudiera ser una opción para muchas personas que votaron apruebo”. Es decir, o vamos dejando de alterar los pilares del neoliberalismo o empezamos desde ya a hacer campaña por el rechazo.

El mensaje, aunque no se diga, tiene varios destinatarios. En primer lugar al pueblo, para decirnos que no nos subamos por el chorro y no intentemos replicar las malas decisiones que tan caro nos costaron en el pasado. Luego, el mensaje va a los constituyentes para, bajo la amenaza de un eventual rechazo al plebiscito de salida, intimidarlos a tomar posiciones más conservadoras. Finalmente, el mensaje también va para Gabriel Boric para hacerle ver que su intervención será necesaria para moderar las propuestas subidas de tono de la convención, pues no debe olvidar que tiene minoría en el congreso.

Lamentablemente para la élite, la composición de la convención constitucional, gracias a las elecciones de mayo de 2021, dista bastante del actual y del próximo parlamento. Y no solo eso, ha mostrado en varias decisiones, aún en su diversidad ideológica, no cargar con el lastre de la política transicional. Esperar que se mantenga ante el asedio que se aproxima no es algo que pueda asegurarse, sobre todo si consideramos el quórum de los ⅔. 

Los tiempos que vienen serán frenéticos. La convención, en medio de la instalación de Apruebo Dignidad en la Moneda, termina su trabajo en julio. Es decir, de no mediar prórrogas, en cinco meses tendremos el texto de la nueva constitución. Por lo tanto, es probable que la convención, en estos meses, capte mucho más la atención que el gobierno entrante.

Desestabilizar al gobierno de Gabriel Boric será un objetivo funcional para el rechazo, pues el gobierno será uno de los protagonistas -junto al campo popular- del nuevo apruebo. De ahí que no sea extraño que exista una ofensiva política y mediática en los temas más complejos del momento recién iniciado el gobierno: el conflicto en el Wallmapu, la inmigración, la recesión económica, el fin del IFE, entre otros.

El tiempo dirá, por un lado, si su apuesta conciliadora enfocada en transmitir tranquilidad a la élite servirá de algo cuándo ésta se tire al cuello de la convención y su gobernanza. Por otro, si ocupará su capital para defender a la convención de los ataques o bien lo usará para apaciguar la voluntad de cambio del proceso constituyente.

En tal sentido, es probable que el gobierno, hasta septiembre, mantenga las posiciones centristas de la segunda vuelta y la formación del gabinete, a la espera de que la aprobación del plebiscito de salida implique un nuevo empuje para implementar su programa. Esto puede significar varias renuncias y una de ellas el plebiscito dirimente de los 3/5. En paralelo, las precariedades y demandas populares, largamente larvadas durante más de 40 años, no esperan y muchas de las soluciones pasan, necesariamente, por enfrentar los intereses de la élite o bien traicionar sus principios y declaraciones. Deberá hacerse cargo del fino equilibrio que se propuso mantener. No solo el desgaste por la derecha puede desincentivar el voto apruebo, también lo será el desgaste si se resiste a los avances que propone el campo popular y la izquierda.

Defender la convención constitucional contra la prensa oligárquica, el establishment política y el poder empresarial será la gran batalla de aquí a mediados de año. Habrá que estar atento a los procesos de cooptación o intimidación a los convencionales, las campañas de deslegitimación al proceso, las premoniciones apocalípticas y las amenazas. El escenario será particularmente hostil, pues la alianza del rechazo, a pesar de no ser amplia socialmente ni mayoritaria, maneja el debate público. Si los sectores progresistas dentro de la convención terminan reculando en sus posiciones, esto también podrá ser un desincentivo al apruebo.

Sin embargo, hay esperanzas. Tanto la elección del apruebo como la elección de los convencionales en mayo de 2021 muestra que existe una voluntad popular por los cambios, que no se circunscribe a las coordenadas de la vieja política y puede derrotar a la élite si se lo propone. El movimiento popular será clave. Manos a la obra.

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