64 Constituyentes firman declaración por la libertad de los presos de la revuelta y desmilitarización del Wallmapu como garantías para instalación de la Convención Constitucional
En vísperas de la instalación de la Convención Constitucional el día de mañana domingo 4 de julio, un grupo de 64 constituyentes adhirieron a la siguiente declaración e interpelación a los poderes constituidos, para una sana instalación del órgano Constituyente. A continuación, la declaración íntegra:
CONSTITUYENTES DEMANDAMOS GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS PARA LA SANA INSTALACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO.
Con esta fecha, los y las constituyentes que suscriben, considerando las crisis política, económica, social y sanitaria que vivimos, estimamos esencial para la adecuada instalación y funcionamiento del proceso constituyente, el establecimiento de garantías democráticas; debido proceso; presunción de inocencia; verdad; justicia y reparación para todas las personas privadas de libertad y víctimas de la represión estatal, en el contexto de la Revuelta social Chilena y de la movilización social mapuche.
Los abajo firmantes, condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, como las mutilaciones oculares y la imposición desproporcionada de la prisión preventiva, junto con el nulo avance de las investigaciones; hechos insostenibles e injustificables desde el punto de vista jurídico, político y humanitario; y teniendo en cuenta la nula motivación de parte de los senadores de la Comisión de Constitución del Senado de poner en tabla el proyecto de Ley para su eficaz tramitación, declaramos lo siguiente:
1. Resulta indispensable, tanto para la correcta instalación de la Convención Constitucional como para la señal de unidad y respeto que debemos tener como país, que los órganos del poder constituido ofrezcan garantías democráticas y de equidad entre los pueblos y naciones de Chile para que el proceso histórico que vivimos, transcurra evitando la incertidumbre y con paz entre los pueblos y naciones y con el país en su conjunto.
2. Para dicho cometido, demandamos al poder legislativo la más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar. Asimismo, demandamos al poder ejecutivo dar urgencia legislativa al ya referido Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17).
3. Requerimos el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos, por lo que demandamos de parte del gobierno el gesto humanitario de dejar el periodo de persecución y castigo atrás.
4. Demandamos la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio. La represión que históricamente ha afectado al pueblo nación Mapuche, no puede ser avalada ni ignorada en un proceso democrático.
5. Consideramos imperativa la creación un catastro oficial de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal. No es posible establecer un diálogo con los representantes del poder constituido si este no demuestra respeto a la dignidad, dejando de lado prejuicios e intereses mezquinos y contrarios al necesario clima de reencuentro que, la Convención Constitucional, necesita impulsar en Chile. Se requiere una actitud de Estado en la que se pueda confiar para que no se repitan los horrores que nos dividen y que no deben volver a ocurrir en el país.
Firman:
1. Ingrid Villena Narbona, Distrito
2. Jaime Bassa Mercado, Distrito 7
3. Bessy Gallardo Prado, Distrito 8
4. Ericka Portilla Barrios, Distrito 4
5. Manuela Royo Letelier, Distrito 23
6. Valentina Miranda, Distrito 8
7. Vanessa Hoppe, Distrito 21
8. Alejandra Perez Espina, Distrito 9
9. Manuel Woldarsky González, Distrito 10
10. Rodrigo Rojas Vade, Distrito 13
11. Janis Meneses Palma, Distrito 6
12. Camila Zárate Zárate, Distrito 7
13. Fernando Salinas Manfredini, Distrito 18
14. Mariela Serey Jiménez, Distrito 6
15. Aurora Delgado Vergara Distrito 24
16. Loreto Vallejos Dávila, Distrito 15
17. Dayyana González Araya, Distrito 3
18. Francisco Caamaño Rojas, Distrito 14
19. Giovanna Roa Cadin, Distrito 10
20. Constanza Schonhaut Soto, Distrito 11
21. Carolina Videla Osorio Distrito 1
22. Malucha Pinto Solari, Distrito 13
23. Paola Grandon González, Distrito 17
24. Bastián Labbé Salazar, Distrito 20
25. María Elisa Quinteros Cáceres, Distrito 17
26. Rossana Loreto Vidal Hernández, Distrito 20
27. Alondra Carrillo, Distrito 12
28. Alvin Saldaña Muñoz, Distrito 15
29. Bárbara Sepúlveda Hales, Distrito 9
30. Damaris Abarca González, Distrito 15
31. Carolina Vilches Fuenzalida, Distrito 6
32. Marcos Barraza Gomez, Distrito 13
33. Isabel Godoy Monárdez, Escaños reservados pueblo Colla
34. Marco Arellano Ortega, Distrito 8
35. Natalia Henríquez Carreño, Distrito 9
36. Adriana Ampuero, Distrito 26
37. Ivanna Olivares, Distrito 5
38. Elsa Labraña, Distrito 17
39. Daniel Bravo Silva, Distrito 5
40. Alejandra Flores, distrito 2
41. Francisco Caamaño, distrito 14
42. César Uribe Araya, Distrito 19
43. Yarela Gómez Sánchez, Distrito 27
44. Gloria Alvarado, Distrito 16
45. Luis Jimenez, Escaños Reservados pueblo Aymara
46. Elisa Giustinianovich Campos, Distrito 28
47. Rosa Catrileo, Escaños Reservados pueblo Mapuche
48. Renato Garín González, Distrito 14
49. Fernando Atria, Distrito 10
50. Ignacio Achurra Díaz,Distrito 14
51. Jorge Baradit, Distrito 10
52. Cristina Dorador Ortíz, Distrito 3
53. Lisette Vergara, Distrito 6
54. Francisca Arauna Urrutia, Distrito 18
55. Machi Francisca Linconao, Escaños Reservados Pueblo Mapuche
56. Constanza San Juan Standen, Distrito 4, Asamblea Constituyente Atacama (ACA)
57. Giovanna Grandón Caro, Distrito 12.
58. Cristóbal Andrade, Distrito 6.
59. Natividad Llanquileo, Escaños Reservados Pueblo Mapuche.
60. Tania Madriaga Flores, Distrito 7.
61. Elisa Loncon, Escaños Reservados Pueblo Mapuche.
62.Guillermo Namor Kong -Distrito 4
63. Eric Chinga, Escaños Reservados Pueblo Diaguita
64. María Rivera, Distrito 8.
Invitamos a adherir. Sujeto a complementos en número de adherentes.
2 de Julio de 2021
Juan Pablo Rodríguez
Se le han ofrecido ilusiones a un país. Esta declaración de entrada de los 64 constituyentes firmantes es una partida en falso. Son declaraciones y exigencias profundamente anti-democráticas, que exigen e intervienen a otros poderes de estado independientes. Intentar romper tal natural y enraizada forma de estructuración del poder, con más de dos siglos de establecimiento institucional en el mundo moderno y democrático, es el comienzo de una obra que probablemente tendrá un mal final, y será un despilfarro de civilidad y un atentado totalitario.
En http://www.plataformacontexto.cl están los programas que los 155 constituyentes se vieron obligados a publicar como una medida de transparencia. Destacan 13 grandes temas: estado plurinacional, género, derechos sociales, defensoría de la niñez, vivienda, educación, agua, derechos reproductivos, TC, congreso unicameral, estado multicultural, semi presidencialismo y libertad de enseñanza.
Preocupa que de esta convención debe salir un texto único para todos los chilenos. Sorprende la cantidad enorme de declaraciones de abundante vaguedad y ningún caso concreto de articulado constitucional. Peor aún, en los que hay cierta precisión, abundan propuestas tercer mundistas y probadamente fracasadas, tales como expropiar y estatizar la minería y la banca, o expropiar los fondos de pensiones, todas medidas profundamente anti-pueblo si se hace un mínimo análisis riguroso y serio.
Cada vez somos menos los que creemos en el milagro político que esta convención pueda funcionar con la amistad cívica necesaria para elaborar un texto único que sea común a todos, y sea la base de mayor bienestar y buena democracia.