Por: Hugo Guzmán. Patricia Ryan

No puede ser rígido el repaso del proceso popular. Tampoco totalizador el cúmulo de sucesos y voces de ese período. La pasión no debería nublar hechos precisos.

Hubo, de inicio, dos factores que aparecen claves en el triunfo del doctor Salvador Allende (1926-1973) -histórico militante del Partido Socialista (PS)- aquel 4 de septiembre de 1970, en que obtuvo el 36% de los votos: la existencia del Programa de Gobierno con 40 medidas bien definidas y del conglomerado de la Unidad Popular (UP), que reunió a varios partidos de izquierda y progresistas (Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria, Acción Popular Independiente, Partido Radical; más tarde se plegaron la Izquierda Cristiana, Izquierda Radical y Mapu-Obrero Campesino). Existió una base programática y un conglomerado capaz de convocar a una mayoría electoral. Por cierto, el liderazgo de Allende incidió, pese a reticencias dentro de la misma UP.

Y hubo dos factores claves que hicieron abortar esa experiencia popular: la acumulación de fuerza política, conspirativa, militar y financiera por parte de la derecha (con el Partido Nacional a la cabeza, en alianza con el Partido Demócrata Cristiano y otros grupos, que dio paso a la creación de la Confederación de la Democracia; el nacimiento de grupos paramilitares, la acción de gremios patronales y profesionales, del Poder Judicial y la sumatoria del alto mando de las Fuerzas Armadas y Carabineros); y el papel de intromisión del gobierno de Estados Unidos, con el rol determinante del Presidente Richard Nixon y el Asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, que dieron apoyo financiero, político y conspirativo a la oposición y promovieron el sabotaje económico a Chile.

Sin un minuto de reposo

Salvador Allende y la UP no tuvieron un minuto de reposo. Producida la victoria electoral, al no obtener más del 50% de los sufragios, el triunfo tuvo que someterse a la decisión del Congreso Nacional, donde los sectores conservadores, el gobierno estadounidense y otros segmentos políticos, apostaron a que se le diera el cargo al derechista Jorge Alessandri, quien había obtenido el 35% de la votación. Allende y los dirigentes de la UP iniciaron conversaciones que derivaron en el acuerdo de Estatutos de Garantías Constitucionales con la DC (cuyo candidato, Radomiro Tomic, había salido tercero) y, finalmente, el 24 de octubre de 1973, por 153 votos a favor de Allende, 35 por Alessandri, y 7 en blanco, el Parlamento declaró jefe del Ejecutivo al médico socialista y líder de la UP. “¡Viva Chile mierda!” exclamó en el hemiciclo el legislador socialista Mario Palestro.

Antes y durante ese suceso hubo varios episodios conspirativos y contrarios a la institucionalidad. Uno fue el plan Track I y Track II, orquestado en la Casa Blanca y entre dirigentes de la derecha, con participación de Edward  Korry y Paul Wimert, embajador y agregado militar, respectivamente, de Estados Unidos (EU) en Chile. El Track I consistía en convencer a Eduardo Frei Montalva que la DC votara por Alessandri en el Congreso, cuestión que no fraguó. Entonces se recurrió a Track II, destinado a generar una situación de desestabilización que impidiera la llegada de Allende a La Moneda; así las cosas, un grupo ultraderechista intentó secuestrar al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, pero él se resistió, y lo mataron. Entre medio estuvo la operación “gambito” que también buscaba los votos en el Parlamento para Alessandri, que éste renunciara y pudiera volver a gobernar Frei Montalva. Finalmente nada resultó y la habilidad y ponderación de Salvador Allende, de dirigentes de la UP y la llegada del general Carlos Prats a la jefatura del Ejército, impidieron una crisis de consecuencias.

En esos meses de 1970, el embajador Korry escribió: “En cuanto Allende asuma el poder, haremos todo en cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y a los chilenos a las mayores privaciones y miserias”. Por investigaciones del Senado estadounidense y documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y otros organismos de EU, se comprobó que Nixon junto a Kissinger, planificaron primero la no asunción de Allende y luego su derrocamiento, en coordinación con diversos personeros, entre ellos el entonces jefe de la CIA, Richard Helms, y el dueño de El Mercurio, Agustín “Doonie” Edwards.

También se comprobaron las operaciones financieras y conspirativas de directivos y funcionarios  de la ITT, Anaconda Copper, y otras trasnacionales estadounidenses, para derribar al nuevo gobierno. Varios antecedentes se conocieron en su momento, por una acción de jóvenes de las Juventudes Comunistas que ingresaron a oficinas de la empresa Andalién y lograron obtener documentos que daban cuenta de las operaciones.

Pero Salvador Allende asumió en medio de un apoyo popular masivo y entusiasta, de la unidad de los partidos de izquierda, la movilización social y un alto mando de las Fuerzas Armadas y Carabineros que hizo respetar la voluntad electoral. De acuerdo a un editorial de El Siglo, se vivió “un día preñado de futuro. Un día inaugural. El día en que, por decisión soberana del pueblo chileno, Chile inicia una nueva etapa de su historia”. En definitiva, el respaldo popular y la acción política de las fuerzas de izquierda, garantizaron que se consolidaría el triunfo democrático.

El camino y las medidas del UP

Comenzó un proceso en base a 40 medidas programáticas decisivas (Ver página 12) y de determinaciones trascendentes para el país como la nacionalización del cobre, de gran parte de la banca, profundización de la reforma agraria, el reparto de medio litro de leche por niño, el plan de educación unificada, la revitalización de la vivienda, un potenciamiento de la cultura y una política exterior que incluyó las relaciones con Cuba y Vietnam, la República Popular China, la totalidad de gobiernos del Campo Socialista y del Movimiento de Países No Alineados.

Como parte de las medidas económicas y sociales, se estableció la creación de las tres áreas de la economía (social, privada y mixta). En los momentos que comenzó el acaparamiento y la escases de productos, se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), con el componente de ser una instancia de la base popular.

En el ámbito cultural se reforzó el papel del Canal 7 de Televisión Nacional, se creó la editorial Quimantú con edición de millones de ejemplares de libros y textos, y nació la Discoteca del Canto Popular (DICAP) que contribuyó a expandir el Canto Nuevo. Hubo un respeto irrestricto a los medios de prensa y la pluralidad informativa.

Las consultas externas del Servicio Nacional de Salud aumentaron  de 8,9 millones en 1970 a 12,2 millones en 1971. La disponibilidad de médicos aumentó en 7% y de dentistas en 32%. Las vacunaciones masivas se consolidaron y crecieron consultorios en todo el territorio nacional.

Puntos de tensión

Sin embargo, también fueron años donde las piezas políticas y conspirativas se movieron vertiginosamente sin dar tregua.

Como podía esperarse, comenzaron divergencias al interior de la Unidad Popular, se conformó un polo fuera de la UP donde estaban organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se empezó a instalar una diferenciación entre “reformistas” y “revolucionarios”, en medio del asedio estadounidense, serios problemas económicos y la sombra permanente de un golpe de Estado.

Pese a todo, la evidencia muestra un permanente apoyo popular, con un pueblo movilizado en trabajos voluntarios, gigantescas manifestaciones de apoyo al proceso y al Presidente Allende, la incidencia determinante de organizaciones como la Central Única de Trabajadores, la organización territorial, y la defensa del programa y del gobierno. En las elecciones municipales de 1971, sumados los votos de los partidos de la UP, las fuerzas populares obtuvieron alrededor de un 50%, un alza determinante en comparación a la presidencial y que reflejó el respaldo al Gobierno Popular.

Al mismo tiempo, aparecieron organizaciones ultraderechistas, fascistas y paramilitares como Patria y Libertad (liderada, entre otros, por el actual columnista de El Mercurio, Pablo Rodríguez), el Comando Rolando Matus (ligado a la Juventud Nacional donde militaron personajes como los actuales ministros de Interior y de Relaciones Exteriores) y otras en el sur, promovidas por latifundistas. El PN, la DC, el Partido Democrático Nacional, Democracia Radical y Partido de Izquierda Radical, se aliaron en la  Confederación de la Democracia con la idea de presionar y derrotar al gobierno de la Unidad Popular. En ese camino surgió el Comando Nacional de Defensa Gremial, integrado por confederaciones empresariales, gremios patronales y la mayoría de los colegios profesionales, promoviendo acciones desestabilizadoras y paros laborales.

Desde todos esos sectores se comenzó a presionar y a conversar con altos mandos de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Armada y Fuerza Aérea, en el propósito de concretar una asonada golpista. Se trabajó por generar una crisis económica con el apoyo de Estados Unidos y se movilizaron bases sociales de apoyo, como la acción de “las ollas vacías” protagonizadas por mujeres del segmento socioeconómico alto. Pero también se comenzó a animar un descontento en la clase media.

Hubo episodios de alta tensión que incidieron en acontecimientos futuros, como el asesinato del ex ministro democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic a manos del grupo ultraizquierdista VOP; el asesinato del Edecán Naval del Presidente, capitán Arturo Araya; la provocación en la vía pública al comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, que terminó con su renuncia; atentados a la vía férrea, centros de producción y redes de energía; las presiones para sacar adelante la Ley de Control de Armas. “Junten rabia chilenos” y llamados a “la guerra civil” eran consignas que salían de la oposición. El 29 de junio de 1973 se produjo un hecho grave: el alzamiento de una unidad del Ejército, conocido como el “tanquetazo” que, para algunos, fue el ensayo del golpe militar. Durante más de un año, parlamentarios opositores, respaldados por los jueces de la Corte Suprema, llevaron una tras otra acusaciones constitucionales contra ministros del gabinete allendista.

No abandonar el proceso

Salvador Allende, junto a la mayoría de los partidos de la Unidad Popular, con un nada despreciable apoyo social, no renunciaba a proseguir con su programa, sorteando varios flancos abiertos, una presión inmensa y la amenaza de un golpe. Era clara la disposición de proseguir con el proceso popular, responder al apoyo social y sortear las vallas. Las medidas sociales seguían su marcha, beneficiando a millones de personas.

A inicios de 1973, hubo elecciones parlamentarias. Dadas las circunstancias que se vivían, se pensaba en un fracaso estridente de la UP. Pero el conglomerado en el gobierno obtuvo el 44% de los votos, un logro político grande, pese a que la derecha con la DC había logrado un 55%. Las fuerzas de izquierda y progresistas habían sacado unos 10 puntos porcentuales más que en 1970. Era claro que había sustento. Pero eso gatilló en la derecha, en el gobierno de Estados Unidos, en la directiva de la DC, en los poderes financieros y en altos mandos castrenses, el convencimiento de que por la vía electoral no podrían derrotar al gobierno del Presidente Allende y marcó el inicio más preciso del plan para derrocarlo.

Pasado el primer semestre del año, el Presidente junto a ministros, colaboradores cercanos y algunos dirigentes de la UP, comprendió que debía recurrirse a una instancia institucional y democrática para dirimir el momento y encausar la situación. Estaba decidido a convocar a un plebiscito. La consulta se materializaría a mediados de septiembre. Con ese dato adicional, los golpistas civiles y militares no tuvieron dudas de que debían actuar. En eso coincidió el gobierno de Nixon. Así, siete días después de celebrarse tres años del triunfo popular, Salvador Allende fue derrocado.

No sólo se produjo una asonada violenta, criminal y anticonstitucional, se derrocó a un gobierno legítimo, que tenía el respaldo de casi el 50% de la población en las elecciones, a un Presidente que estaba conduciendo todo por cauces institucionales, sino que se instaló un régimen dictatorial que implemento del terrorismo de Estado, impuso un modelo económico y constitucional autoritario y desigual, y que suprimió derechos sociales, ciudadanos y democráticos.

Originalmente publicado en Diario El Siglo