Ante los graves hechos ocurridos ayer sábado 1 de agosto en el Wallmapu, Región de la Araucanía, las alcaldesas y alcaldes abajo firmante declaramos:

Nuestro total rechazo y condena a los hechos de violencia protagonizados por civiles armados en la Región de La Araucanía, en contra de un grupo de mapuche, a quienes se les atacó cobardemente en un desalojo violento.

Nuestra preocupación por la inacción de las fuerzas policiales para detener los ataques y proteger a las víctimas de los actos racistas que se produjeron en forma concertada por un grupo de civiles, quienes no solo propinaron golpes, sino además gritos racistas en contra del pueblo mapuche que ha dado una larga batalla por la reivindicación de sus derechos.

Que llama la atención que estos actos de violencia civil se dan luego de la visita del recién designado ministro del Interior, Víctor Pérez, quien fuera un cercano funcionario de la dictadura militar y un negacionista de graves violaciones a los derechos humanos tanto en el pasado como en el presente.

Que el presidente Sebastián Piñera debe explicar a la ciudadanía el accionar tanto del Ministro del Interior como del Director General de Carabineros por su responsabilidad en el procedimiento de desalojo.

Que la política de militarización del Walmapu ha sido un total fracaso, pues se han preponderado las acciones represivas por sobre cualquier diálogo franco y transparente, permitiendo la criminalización de las justas demandas de las comunidades en conflicto.

Que el Estado de Chile debe avanzar hacia una constitución Plurinacional que reconozca a todos los pueblos originarios, escuchar sus demandas y resolverlas con urgencia.

Que llamamos a que la comunidad internacional repudie estas acciones racistas y de cruda violencia. Es imperioso que tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos visiten el territorio mapuche y actuar como mediadores para un verdadero diálogo que establezca los cimientos de una solución definitiva en la zona y que se cumplan los convenios internacionales suscritos por Chile, entre ellos el convenio 169 de la OIT, el cual garantiza derechos de los pueblos originarios y que actualmente se vulnera sistemáticamente.

Rechazamos que una vez más, el Estado de Chile, y en particular el gobierno de Sebastián Piñera, deje a los municipios expuestos a este tipo de conflictos ancestrales del pueblo Mapuche, que requieren una solución política de diálogo y no violencia, de manera urgente.

Brunilda González, alcaldesa de Caldera.
Rodrigo Loyola, alcalde de Huasco.
Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique.
Christian Tapia, alcalde de Vallenar.
Ramona Reyes, alcaldesa de Paillaco.
Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso.
Bernardo Leyton, alcalde de Canela.
Rodrigo Sanchez, alcalde de La Ligua.
Isaías Zavala, alcalde de Diego de Almagro.
Manuel Marcarían, alcalde de Los Vilos.
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.
Gonzalo Montoya, alcalde de Macul.
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.
Juan Carrasco, alcalde de Quilicura.
Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.